Esta es la versión web de Americanas, la newsletter de EL PAÍS América en el que aborda noticias e ideas con perspectiva de género. Si desean suscribirse, pueden hacerlo en este enlace. Es verano en Argentina. Hace casi un mes recordamos una de las efemérides más sentidas para garantizar la salud de las mujeres: la aprobación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Fue en el verano de 2020, en plena pandemia por coronavirus, y a un día de la finalización del año. Así de intenso es este país. O eso creíamos. Porque venía más intensidad.
De hecho, esta columna de opinión se refería solo al derecho al aborto, pero… antes de terminar el enero veraniego, Javier Milei, presidente libertario ultraderechista de Argentina, hizo un encendido discurso contra los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ en Davos, plagado de afirmaciones sin sustento. Inmediatamente, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona confirmó la intención del Gobierno de eliminar del Código Penal la figura del femicidio.
Hoy, ahora, más que nunca, porque a 4 años de la sanción de la ley de aborto, en la Argentina gobernada por Milei, el balance indica que el Ministerio de Salud nacional no entregó ninguno de los 100.400 tratamientos para interrupción voluntaria del embarazo que estaban disponibles para el año 2024. En un país federal, constituido por 23 provincias y una ciudad autónoma, esa decisión impactó en las mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo en las que viven situaciones de pobreza e indigencia, y más aún si son indígenas, campesinas o conviven con discapacidades, por citar solo algunas de las situaciones que amplían las barreras para acceder a la salud.
El balance también indica que las provincias “reportaron dificultades significativas tras la suspensión de la distribución de tratamientos para el aborto con medicamentos; 14 provincias informan procesos de compra de misoprostol o de tratamiento combinado (mifepristona y misoprostol) en distinto grado de avance”, cuenta el reporte Insistir y persistir. El panorama del aborto en Argentina de Mirar, un proyecto que monitorea la implementación de la política de interrupción legal y voluntaria del embarazo en la Argentina, trabajo que está a cargo del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) junto a Ibis Reproductive Health.
Las provincias “han trabajado para sostener la agenda de salud sexual y reproductiva”, aporta el informe, y añade que “en muchas de ellas se observó una débil capacidad de respuesta derivada del hecho de que no dispusieron de un presupuesto planificado (a lo cual se sumaron las restricciones presupuestarias derivadas del recorte de transferencias de Nación a provincias), no tuvieron aceitados las estimaciones y los mecanismos de compras de estos insumos, y el mercado local de oferentes reaccionó con poca flexibilidad para la negociación de precios”.
Son variadas las realidades. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires –única jurisdicción del país con Ministerio de Mujeres– lanzó la campaña Que los cuidados no se tomen vacaciones, y aprovechó este verano para recordar que la línea telefónica gratuita 148 cuenta con la opción aborto y métodos anticonceptivos, donde se brinda información y asesoramiento.
En este panorama también es interesante ver qué pasa en las legislaturas. El proyecto Mirar analizó 81 proyectos sobre derechos sexuales y reproductivos en siete jurisdicciones. “En las legislaturas provinciales hay una fuente posible de información sobre las agendas políticas progresistas y conservadoras. Más allá de las leyes que se aprueben, los proyectos muestran intereses y prioridades de bancadas y partidos, así como oportunidades de negociación. Y es clave poder incidir en los proyectos de ley presentados y reaccionar de inmediato cuando se aprueban normas”, explica la abogada Sonia Ariza, que forma parte del equipo de Mirar.
Algunos de esos proyectos buscan derogar o restringir el derecho al aborto, una amenaza permanente de representantes del gobierno de Milei, aún en vacaciones de verano. Por ahora son solo amenazas. A este balance de a cuatro años de la ley de aborto hay que sumarle el reporte de Amnistía Internacional que informa que recibió un 215% más de consultas en 2024 en relación con el 2023, a través del formulario por obstáculos en el acceso al aborto.
Otro eje interesante es el rol de los medios de comunicación. En 2008, fui parte de un equipo que monitoreó 10 periódicos para ver el tratamiento que hacían sobre aborto, y entre las conclusiones a las que llegamos es que era un tema importante para la prensa y que la mayoría de los periódicos tenían una posición restrictiva, sostenida predominantemente con argumentos religiosos, pero también jurídicos y filosóficos. Eran épocas de clandestinidad, sin ley.
Ahora, desde el proyecto Mirar me invitaron a analizar 31 medios de comunicación del país, y la conclusión general es que el aborto es tema de agenda mediática, sobre todo sostenida por las políticas de Milei que implican que no se entreguen métodos anticonceptivos (hubo una reducción del 64% entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2024), fármacos para interrumpir embarazos; se desfinancien programas de educación sexual y de prevención del embarazo en niñas y adolescentes.
Pero sobre todo es notable cómo el aborto sigue siendo un tema central en la cobertura de los medios de comunicación del país, dejando en evidencia el trabajo realizado por la marea verde argentina que ha impactado en la agenda mediática cubriendo el aborto a nivel local, en relación con Estados Unidos y otros países. Es verano en esta parte del mundo, donde surgió la marea verde, intensa, imposible de detener a pesar de las políticas libertarias.
Impacto de las políticas de derechos reproductivos en Argentina
La reciente combinación de discursos y políticas por parte del gobierno de Javier Milei ha dado lugar a un aumento significativo en la movilización social alrededor de los derechos reproductivos en Argentina. Tras la anulación de programas de salud relacionados con el aborto y el acceso a métodos anticonceptivos, ha surgido un renovado activismo por parte de mujeres y la comunidad LGBTIQ+ que busca no solo proteger los avances logrados, sino también a expandir sus derechos. Este contexto se ha visto reflejado en la creciente cobertura mediática y el aumento de consultas a organizaciones como Amnistía Internacional, lo que evidencia un clima de resistencia y alerta que fragua una narrativa importante para la salud pública y los derechos humanos en el país.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál fue la importancia de la ley 27.610 en Argentina?
La ley 27.610 permitió la interrupción voluntaria y legal del embarazo, marcando un hito en la lucha por los derechos de las mujeres, al garantizar un acceso a un servicio de salud seguro y regulado.
¿Cómo están reaccionando las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ ante las políticas de Milei?
Las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ han comenzado a organizarse en todo el país, realizando encuentros en espacios públicos para exigir la protección de sus derechos y protestar contra las políticas restrictivas.
Qué dificultades enfrentan las provincias en la implementación de la ley de aborto?
Las provincias enfrentan un déficit en la distribución de tratamientos y recursos necesarios, junto a restricciones presupuestarias que complican la posibilidad de garantizar la salud sexual y reproductiva para todas.
Una voz que resuena: el eco de la marea verde en Argentina
La marea verde, símbolo de la lucha por los derechos reproductivos en Argentina, sigue resonando con fuerza, desafiando las políticas libertarias que surgen en el panorama político actual. Este movimiento no solo se enfoca en resistir, sino que también gira en torno a la educación, la concientización y la creación de espacios seguros en el ámbito de la salud, reflejando un compromiso colectivo que trasciende las amenazas y que continúa cultivando la esperanza en un futuro más inclusivo y justo.